El hecho de llegar lejos dejando favores a devolver por el camino es un tema espinoso. Hace tiempo que esa situación se está viendo en el Gobierno que está al frente de la maltrecha España que nos ha tocado vivir. Dejando claro que parte del ideario del partido gobernante coincide con la Iglesia en general y la Conferencia Episcopal en particular, es evidente, como quedó plasmado en la visita de Rajoy al Papa Francisco, que hay temas específicos en los que los prelados están pasando la factura de favores al ejecutivo.

Todo tuvo su tiempo. Primero se defendió la financiación de la Iglesia y los privilegios que a día de hoy sigue manteniendo esta religión en este país. Más tarde se puso el grito en el cielo contra la igualdad de derechos de las personas homosexuales. Y ahora toca pasar el cazo de la deuda política para perseguir hasta criminalizar el aborto. Creo que no es exagerado pensar que la mujer, para la Iglesia Católica, es un elemento de la sociedad a tener controlada, coaccionada y manejada a voluntad de otros factores y parece ser el momento de recordarlo con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo.

En estos días, estamos asistiendo a un espectáculo del absurdo, a monólogos del despropósito, por parte de políticos de dudosa vida neuronal que mezclan churras con merinas o que simplemente presuponen que a quien gobiernan comparten nivel intelectual con ellos, equivocándose gravemente. Por lo visto, estos congéneres de la especie humana, a pesar de muchos, tienen muy claro que las mujeres que van a abortar lo hacen por gusto, cual capricho cualquiera. Vergüenza ajena es lo que me hace sentir quien abre la boca para expresar tales pensamientos o parecidos a los ejemplos de los enlaces.

Es perverso, bajo mi personal punto de vista, que se gasten tantas energías en controlar, legislar y acotar un derecho tan íntimamente ligado a la libertad individual de una persona como es la decisión de traer o no traer a un niño o niña a este mundo. Es evidente que traer un hijo al mundo es una experiencia que puede colmar de felicidad a una pareja, pero no debería ser menos evidente que es una responsabilidad de proporciones bíblicas (sic). Estoy muy seguro de que el aborto es una experiencia más dolorosa para el alma que para el cuerpo de la mujer, pero más convencido estoy de que mucho peor sería para la propia madre de la criatura seguir adelante con un embarazo que puede desembocar en el nacimiento de un bebe que este avocado, por necesidades del guion (o de la situación que vivimos hoy, por ejemplo), a pasarlo mal y, en casos extremos, a sufrir más que a disfrutar de esta vida. Creo que en el ranking del amor está por encima velar por la salud y la felicidad del hijo que, a toda costa y fueran cuales fueran las consecuencias, seguir adelante con un proyecto de vida que puede salir muy mal y dejar cicatrices imborrables.

Uno de los supuestos de la ley del aborto de 2010 dice que “sólo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. Este es el supuesto que se quiere eliminar en la sustituta de la legislación de 2010. Quien bien me conoce pensará que es tirar piedras contra mi propio tejado, pero me parece un error enorme eliminar este supuesto. Si para tener un hijo sano los padres tienen que estar concienciados y preparados para recibir al niño o niña, en el caso de un nacimiento con algún problema de gravedad son muchos más los factores que entran en juego. Se requiere de una preparación psicológica que va mucho más allá de la fe. Necesitan saber que su universo se va a reducir a ese bebé recién llegado y que necesita toda la ayuda del mundo. Es necesario un entorno fuerte y que acepte lo que comporta la llegada del nuevo miembro a la familia. Es vital un colchón económico que pueda afrontar las necesidades de alguien con dificultades que tras el parto apenas se atisban pero que terminarán por aparecer de modo acuciante. Todo ello conforma una lista de requisitos que no todo el mundo puede afrontar o, quizá, no esté dispuesto a plantarles cara. Criminalizar esta sensible decisión no sólo condena, de una u otra forma, a la madre de la criatura, sino además puede acarrear, para el propio recién nacido, un futuro de exclusión afectiva. Incluso, esta prohibición que pretenden imponer puede obligar, a quien no han permitido poder evitarlo, a pasar un calvario de amor por un vástago que es posible que nadie sepa nunca si realmente es mínimamente feliz.