Cuando un gobierno, sea central o autonómico, toma medidas de emergencia para cerrar un canal de televisión es que algo falla, algo grave. Hace unos días se determinó en votación parlamentaria en la región valenciana el cese de la actividad de Radiotelevisión Valenciana, previo ERE obligatorio de por medio.

Ayer se precipitaron los hechos y, tras una reunión de urgencia del Gobierno valenciano, se ordenó el cese de emisiones, por la brava, de todo medio de comunicación autonómico de esa zona del levante español. Con nocturnidad y por la espalda de unos trabajadores que ya contaban con engrosar las listas del paro, pero no de manera tan precipitada y con tan dudosas bases de, incluso, legalidad.

Con la radio lo han conseguido, al menos parcialmente puesto que por internet es aún posible escuchar qué está pasando en esa redacción. La televisión aún resiste, veremos cuanto tiempo. Un grupo de irreductibles trabajadores, que son las víctimas de una ideología que se lleva de aquella manera con la libertad de expresión, se mantienen trabajando y vigilantes ante los intentos policiales de “entrar en la sala central y cortar los cables”.

Las televisiones autonómicas son un tema espinoso, en las cifras económicas (pocas televisiones de esta naturaleza son rentables) se engloban problemáticas que, normalmente, van más allá. El problema ideológico es más grave en casi todos los casos, tener unos medios de comunicación públicos al servicio del que manda es un caramelo muy goloso. El problema, como parece ser el caso de RTVV, aparece cuando ese caramelo es amargo y empieza a no estar a merced del que ocupa la poltrona.

Hay que reconocerle un gran mérito a la plantilla de periodistas y técnicos que a estas horas mantienen con vida Canal 9. A mí me han sorprendido todos y cada uno. Están mostrando un compromiso con la profesión que bien podría impulsar una reflexión sobre el estado del periodismo en este país. Quizá ha llegado la hora de que ser periodista deje de ser sinónimo de correa de transmisión entre las sedes políticas y el pueblo, al tiempo que perro fiel que no muerde la mano que le da de comer por mucha basura que rresulte ser ese alimento. Quiero creer que RTVV es el primer paso para que los propios trabajadores de la información demos el golpe en la mesa. Veremos. En lo que eso llega, si lo hace, la plantilla de RTVV ha dado un paso denunciando corruptelas económicas, ocultaciones informativas y demás juegos de manos por debajo de la mesa del gobierno de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a los medios de comunicación públicos de esa región.

Sólo hace falta leer la prensa para darse cuenta de que la Comunidad Valenciana navega por aguas pantanosas en lo que a política se refiere. Los principales titulares de asuntos políticos turbios salpican, de una u otra forma, a los Camps, Barberá y, sobre todo, Fabra. Al borde del precipicio, los trabajadores de Canal 9 han relatado capítulos de presiones, manipulaciones, injerencias políticas, expolios y sobregastos económicos con fines propagandísticos e ideológicos.

Seamos sinceros, en menor medida, o eso quiero creer, pero en todos los medios de comunicación se barre para casa. Tristemente es una realidad que a estas alturas es difícil de corregir. Pero hay una línea roja que no se cruzaba desde tiempos previos a la democracia. Esta noche (estoy escribiendo esto mientras con un ojo veo por www.rtvv.es lo que sucede), se pretende cruzar esa línea cerrando RTVV con alevosía, nocturnidad y con el intento de silenciar unas voces contrarias al ejecutivo de Alberto Fabra.

Cuando un medio de comunicación muere, la democracia pierde fuerza. Cuando un medio es cerrado por ansia de mordaza ¿se puede decir que vivimos en una democracia?

De momento, RTVV lleva una hora y media extra de vida y de soporte vital de eso que llaman democracia pero que cada día queda más claro que no lo es.